Penalistas advierten sobre presiones mediáticas en procesos judiciales y mencionan al MPA
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado institucional en el que expresa su enérgico rechazo a toda intervención pública destinada a influir o condicionar la actuación de los magistrados en procesos judiciales aún no resueltos. El nuevo organismo de los fiscales surgido durante el ciclo del gobernador Maximiliano Pullaro se encuentra incluido en el texto.
En el documento, la entidad recuerda que resulta inadmisible que, antes de la resolución de cuestiones procesales relevantes —como recusaciones, excusaciones o incluso el dictado de sentencia—, se utilicen los medios de comunicación para instalar posicionamientos que puedan orientar el sentido de futuras decisiones judiciales. Por su parte, el Colegio de Abogados de Rosario no se ha manifestado.
Si bien, el comunicado de la asociación no alude a un caso específico, hay quienes creen que esto se podría deber a la embestida mediática del Fiscal Regional Matías Merlo contra la Cámara Penal por su incompetencia en materia de estupefacientes o a una recusación al juez Javier Beltramone que tomó estado público.
Asimismo, advierten los penalistas que la situación adquiere mayor gravedad cuando estas manifestaciones no responden a un deber legal de informar, sino a una estrategia deliberada de trasladar el debate jurídico al plano mediático, fuera del ámbito natural del proceso.
En ese marco, la Asociación formula un señalamiento específico hacia el Ministerio Público de la Acusación, al considerar que la intervención pública de dicho órgano en causas en trámite puede desnaturalizar su rol institucional y generar un escenario de presión indebida sobre los jueces.
Desde una perspectiva jurídica, el pronunciamiento pone el acento en la afectación de principios constitucionales estructurales del sistema judicial, tales como la independencia judicial, la imparcialidad de los magistrados y el debido proceso, advirtiendo sobre los riesgos de trasladar la discusión fuera del ámbito de la audiencia oral y pública, regida por las normas del derecho.
Los jueces en el proceso son imparciales, impartiales e independientes y emiten el acto jurisdiccional por el cual el juez heterocompone el litigio, aplicando el derecho al caso concreto. Los fiscales son una de las partes. Es por ello que en el marco constitucional, se debe evitar cualquier tipo de presión sobre el juzgador.
Finalmente, la entidad reafirma su compromiso con la defensa de las garantías fundamentales que sostienen el Estado de Derecho, en un contexto donde —según su interpretación— ciertas prácticas comunicacionales podrían comprometer la regularidad institucional del proceso penal.