Otro “protocolo” de Oralidad de la nueva Corte: Entre el acompañamiento del ColAbRo, el rechazo de la FeCASFe y un tercer comunicado sin Rosario.
Hoy entra en vigencia una nueva reforma procesal en los hechos: el “Protocolo de Oralidad”. Ahora originada en la nueva Corte Suprema de Santa Fe. Se vislumbra una carencia de regulación legal. Esto expone por estas horas, una tensión significativa dentro de la propia abogacía organizada: mientras el Colegio de Abogados de Rosario impulsa interesantes instancias de capacitación y habla de acompañar el proceso, la Federación de Colegios de Abogados provincial advierte sobre riesgos estructurales y expresa un rechazo de fondo a su implementación en las condiciones actuales. Existe un tercer comunicado en donde todos los colegios de la provincia sin Rosario denuncian gravedad institucional.
El nuevo esquema (y ya van muchos cambios procesales en pocos años), dispuesto por la Corte Suprema de Justicia santafesina renovada durante el mandato del actual gobernador, establece la aplicación obligatoria del «Protocolo de oralidad y gestión de la prueba en los procesos civiles y comerciales». Un proyecto de ley similar a este no pudo avanzar en la Legislatura. Sabido es que a los legisladores los elige el pueblo, mientras a los miembros de la Corte, no. La puesta en marcha del autoproclamado “protocolo”, lejos de consolidar consensos, ha generado fuertes divergencias institucionales.
Desde el Colegio de Abogados de Rosario, la estrategia institucional se orienta a una nueva adaptación profesional frente al cambio de paradigma procesal. En ese marco, se lanzó un ciclo de capacitaciones en el que disertarán magistrados del Poder Judicial, a través del Instituto de Litigación Oral, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el ejercicio en el nuevo contexto. Dicho instituto es uno de los nuevos que se han creado en los últimos años en donde se multiplicaron exponencialmente la cantidad de institutos y cargos para cubrirlos. No se conocen actividades del histórico Instituto de Derecho Procesal Civil al respecto por el momento.
Estas actividades —que incluyen jornadas sobre el rol del juez, gestión de la prueba y tensiones constitucionales del modelo— buscan “acompañar” en la implementación del sistema, promoviendo espacios de análisis e intercambio .
El mensaje institucional es claro: más allá de las objeciones existentes, la oralidad es asumida como un proceso en marcha que requiere formación, adaptación y participación activa de la matrícula.
En contraste, la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe (la cual es integrada por el Colegio de Abogados de Rosario) adopta un tono sensiblemente más crítico. Los restantes colegios se encuentran menos consustanciados con la nueva Corte renovada en el gobierno del Lic. Maximiliano Pullaro que fue acompañado por el Dr. Lucas Galdeano en la boleta para las elecciones de convencionales constituyentes. En su pronunciamiento, no sólo expresa “profunda preocupación” sino que advierte sobre consecuencias concretas derivadas de la implementación del protocolo.
Entre los principales cuestionamientos se destacan:
- Demoras y desorganización en la tramitación de los procesos por falta de recursos.
- Sobrecarga operativa incompatible con la estructura actual de los tribunales.
- Dificultades para el ejercicio profesional adecuado.
- Riesgos de afectación a garantías constitucionales, especialmente el derecho de defensa y el debido proceso.
Incluso, en otro comunicado donde no firma el ColAbRo, los demás colegios de la provincia han calificado la situación como de “gravedad institucional”, señalando posibles excesos reglamentarios y afectación de la división de poderes .
No obstante, la propia Federación introduce un matiz relevante: afirma acompañar toda iniciativa orientada a mejorar la calidad del servicio de justicia, pero fija un límite claro —ninguna reforma puede avanzar a costa de derechos fundamentales—.
Tampoco de la división de poderes ya que la legislación procesal, corresponde al Poder Legislativo.
La distancia entre ambas posturas no es meramente retórica. Mientras el Colegio de Rosario pone el acento en el “acompañamiento” y la capacitación como respuesta institucional, la Federación estructura su discurso en clave de advertencia y condicionamiento.
En términos comunicacionales —y también institucionales— la diferencia es sustancial:
Acompañar implica asumir la implementación como un hecho consumado y trabajar sobre su operatividad.
Rechazar o cuestionar implica disputar las condiciones mismas de esa implementación y la posibilidad de modificación en el porvenir.
En ese equilibrio inestable se mueve hoy la abogacía santafesina: entre la adaptación pragmática y la resistencia institucional.
Con la entrada en vigencia ya impuesta a la abogacía y los justiciables en marcha, el compromiso de la Corte de analizar las observaciones formuladas por los colegios, la posibilidad de revisión jurisdiccional en otras instancias y fundamentalmente el respecto a la división de poderes en la cual corresponde legislar al órgano legislativo, el nuevo régimen de oralidad se presenta como un terreno todavía en construcción y discusión.
