Proyecto legislativo propone eliminar la paridad de «género» en las listas electorales. Los fundamentos.
Una iniciativa presentada en la Legislatura de Córdoba busca derogar la ley que establece la paridad de género en las listas de candidatos a cargos provinciales. El proyecto, basado jurídicamente por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, reabrió el debate sobre las acciones afirmativas, su duración y el principio de idoneidad en el acceso a cargos públicos.
El paradigma globalista, a la luz de los nuevos acontecimientos mundiales, comienza a mostrar signos de agotamiento y con ello las ideologías que lo sustentaron se ven interpeladas por las comunidades nacionales. La discusión sobre los mecanismos de representación política volvió al centro de la agenda legislativa en Córdoba tras la presentación de un proyecto que propone eliminar el régimen de paridad de género en las listas electorales provinciales.
La iniciativa fue presentada por el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda, con el acompañamiento de Agustín Spaccesi y Gerardo Grosso, y plantea la derogación de la Ley 8.901, conocida como “Ley Riutort”, que establece la integración paritaria entre mujeres y varones en las listas de candidatos a cargos provinciales.
Según los fundamentos del proyecto, el sistema vigente habría derivado en un mecanismo que distorsiona la representación política y vulnera el principio de idoneidad para el acceso a cargos públicos. Los autores sostienen con sólidos basamentos constitucionales que la obligación de respetar un criterio de distribución por género puede afectar la competencia política al imponer requisitos distintos al mérito o la capacidad de los candidatos.
En ese sentido, el legislador argumentó que la representación política debería surgir del voto ciudadano y de la competencia entre propuestas e ideas, y no de criterios demográficos vinculados al «género». La propuesta plantea que eliminar la norma permitiría devolver mayor libertad a los partidos políticos para definir la integración de sus listas y reconocer liderazgos políticos sin restricciones legales vinculadas al sexo de los candidatos.
El proyecto generó críticas inmediatas desde distintos sectores políticos. Referentes del oficialismo provincial y dirigentes vinculados a la sanción de la ley defendieron el sistema vigente, señalando que las normas de paridad constituyen herramientas destinadas a corregir desigualdades históricas en el acceso de las mujeres a los espacios de representación política.
La discusión plantea un debate jurídico más amplio sobre el alcance temporal de las acciones afirmativas en materia de representación política y su compatibilidad con principios constitucionales como la igualdad ante la ley y la idoneidad para el acceso a cargos públicos. Este tipo de acciones restrictivas siempre estuvieron pensadas para sostener por un tiempo para luego ir siendo retiradas paulatinamente a los efectos de que tal como enseñaron los griegos, padres de nuestra filosofía política, sea el mérito político el principio de para el gobierno de la polis.
Por el momento, la iniciativa ingresó formalmente en la Legislatura provincial y deberá ser analizada en comisión antes de un eventual tratamiento en el recinto.