Nuevo revés para Pullaro: Esta vez fue la Corte nombrada en su mandato.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de rechazar de forma unánime el intento del poder ejecutivo provincial de apartar a cuatro ministros del máximo tribunal en causas previsionales es una nueva muestra de tensión en la división de poderes no obstante evidencia nuevos tiempos signados por el desgaste político de la figura del gobernador cuyo espacio había quedado tercero en octubre del año pasado.
El Ejecutivo, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, intentó recusar a los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder bajo el argumento de un supuesto interés directo en los recursos previsionales que debían resolver —teniendo en consideración que todos están en situación de retiro o próximos a jubilarse— con el evidente fin de evitar que frenen la aplicación de la controvertida reforma jubilatoria impulsada por el oficialismo.
Sin embargo, la nueva Corte –sorpresivamente por unanimidad– desestimó de plano tal requerimiento, entendiendo que no existían fundamentos jurídicos sólidos para sostener la causal de recusación invocada por el Gobierno: la expectativa o condición de jubilación de los magistrados no constituye, per se, una causa que ponga en duda su imparcialidad, más aún cuando se trata de un instituto procesal restrictivo que solo admite causas suficientes y no conjeturas.
Según Hernán Lascano de La Política On Line, «se lanzaron críticas a los colegios profesionales santafesinos, tanto los de Magistrados como los de abogados, por su silencio frente a esta situación. El que convoca a los jueces recién sacó un pronunciamiento cuando la citada presentación de los dos camaristas lo ponía en evidencia». En Rosario, el colegio de abogados es presidido por el Dr. Alejo Molina impulsado por el Dr. Lucas Galdeano quien fuera candidato dentro de la lista encabezada por el gobernador y es hermano de Julián, secretario de vinculación institucional del poder ejecutivo provincial.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de rechazo y resistencia frente a la restrictiva normativa previsional recientemente sancionada por la Legislatura provincial, que introdujo topes de haberes y un aporte solidario para activos y pasivos de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Tales disposiciones han generado una multiplicidad de amparos y recursos judiciales, y un fallo de primera instancia laboral de Rosario declaró la inaplicabilidad de la ley y ordenó la restitución de valores retenidos en virtud de los aportes extraordinarios.
Los cuestionamientos no se limitan a lo estrictamente jurídico. La histórica protesta de cerca de doscientos magistrados en las escalinatas de los tribunales de Rosario, inédita en la historia reciente del Poder Judicial santafesino, evidencia el malestar de los afectados por las modificaciones impuestas. Los jueces consideran que estas no respetan debidamente garantías constitucionales ni el principio de razonabilidad.
No obstante y políticamente hablando ¿la nueva Corte habrá rechazado el planteo de forma del gobernador para fallarle a favor de fondo en el porvenir? Difícil saberlo.
Desde una perspectiva jurídico-política, la forma en que el Gobierno ha intentado sortear controles judiciales (como la recusación masiva de ministros que tenían previsto tramitar su retiro) no solo resulta débil en argumentos, sino que además proyecta una lógica de confrontación institucional que puede tener efectos perniciosos sobre el equilibrio de poderes republicanos. La nueva Corte al no acceder a tales pretensiones, ¿habría reafirmado su rol como garante de los derechos naturales?
Si bien no se desconocen las dificultades fiscales que enfrenta la Caja de Jubilaciones de Santa Fe —y la importancia de sostener su sustentabilidad financiera—, el recurso a maniobras que parecen diseñadas para manipular la composición o el accionar del tribunal que revisa la legalidad de los actos del Estado genera un precedente preocupante. Resulta indispensable que las reformas estructurales se impulsen conforme al verdadero acaecer del pueblo, el respeto estricto de las garantías constitucionales y consiguientemente con argumentos jurídicos sólidos, que eviten las imposiciones instrumentalizadas políticamente.
Poder y Derecho son dos caras de una misma moneda decía Norberto Bobbio.
Para quienes ejercen la práctica jurídica, este conflicto no es un mero detalle administrativo ni político: es un llamado de atención sobre la necesidad de preservar la independencia judicial.
Para quienes saben de política, este podría ser un signo distintivo de desgaste de imagen. Siempre se dijo que el poder judicial tiene un termómetro político.